En política, los
mejores argumentos de la izquierda los provee la derecha y viceversa. Sus
comunidades no escapan a la irracionalidad del poder para favorecer intereses
particulares. No pueden prescindir de su naturaleza excluyente, voces de
minorías hablando de mayorías. La trampa frecuente: fingir voz de pueblo para
ocultar necesidades de elites.
Buenos argumentos
ofreció el Procurador por sus excesos de poder. Se extralimitó con la anulación
política de alcalde Petro, determinación más de poder irracional que de
justicia social. Ningún funcionario debe regir discrecionalmente los destinos
políticos de un ciudadano. Lo prohíbe La Constitución, es derecho inalienable
en cualquier país con democracia liberal. Sólo los jueces pueden acceder a esta
potestad mediante procesos legales.
También constituyen
argumentos favorables las sanciones impuestas al alcalde de Bogotá, Medellín y
otros. Semejan más estrategias políticas que decisiones sensatas. Abren heridas
y destruyen armonías. Irracionalidad opuesta a los principios de la democracia
liberal. Recuerdan valores absolutistas del espíritu conservador, retroceso
histórico donde el poder de la fuerza bruta imperaba sobre el racionalismo
liberal y la inteligencia humana.
Y mejores
argumentos son las intenciones visibles del Procurador de servir a sectores
conservadores del país. Las sanciones así lo evidencian. Al alcalde de
Medellín, por participación en política al denunciar intervenciones
paramilitares en favor de candidatos oficiales. Al alcalde Petro, porque al
desprivatizar el aseo público, produjo daño ecológico y detrimento patrimonial
del Estado. Censura impuesta sin ningún estudio donde se demuestre dicho
deterioro como sí sucede con algunas multinacionales. Normales los desajustes
iniciales de la nueva empresa de aseo, especialmente si se trabaja en contra de la voracidad de
empresarios privados. Según la misma Alcaldía, hoy la nueva empresa produce
dividendos.
Argumentos
importantes: el irrespeto a una decisión administrativa que aun hoy no se ha
demostrado su naturaleza corrupta o el desconocimiento individual a la voluntad
ciudadana. Todo funcionario con poderes superiores al voto ciudadano es un
peligro, igual si lo consagra La Constitución. Lo trastorna el delirio de
importancia personal, le anula cualquier sabiduría humana.
Ahora existen
muchos argumentos incuestionables para justificar la Asamblea Constituyente
propuesta en la mesa de diálogo de La Habana. Sólo en sus predios se puede
rediseñar La Procuraduría. Los mismos espíritus liberales del país la apoyarían
con tal de remediar un cargo de corte dictatorial, contrario al liberalismo.
¡Lástima que este artificio político no corrija las almas de los políticos
aquilatados: su execrable egolatría, su peligrosa autocracia y su disfrazada
mezquindad!
Nota: Por motivo de viaje, esta columna reaparecerá en
Enero.
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